La Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado
de Veracruz dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, cuyo objeto es regular la aplicación de medidas de
austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución, y
control del gasto gubernamental, como política pública en la entidad.
Lo anterior para cumplir con los principios de
economía, eficacia, eficiencia transparencia y honradez en la administración de
los recursos económicos de carácter público de que dispone el Estado. La iniciativa de Ley de Austeridad prevé la
reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los
altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes
públicos. También la incorporación de todos los funcionarios a
los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de
establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro,
así como el contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos
médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación. De igual forma busca evitar el engrosamiento del
aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas
plazas. Restringir a los casos
estrictamente justificados por razón de
necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de
seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser
encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función. Prevé limitar el uso de vehículos de propiedad del
Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la
población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad
se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función
pública. Plantea restringir el gasto en propaganda oficial,
disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y
concentrando en una sola dependencia su difusión y establecer límites al número
de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la
adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Entre otras cosas propone establecer límites para
que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato
anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía
eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación,
mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes
informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas
oficiales o la inflación. No podrán constituirse fideicomisos, ni fondos,
mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan
aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas
de disciplina y ejercicio honesto del gasto. La iniciativa, que consta de 13 artículos, fue
turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y
dictamen correspondiente.
