El diputado presidente de la Comisión de Educación y
Cultura, León David Jiménez Reyes, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo
con el que se exhortaría al Rector de la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz (UPAV), para que entregue un informe al Congreso del Estado sobre el
estado que guarda la institución en diferentes aspectos.
Durante su participación en Tribuna, el legislador
propuso solicitar por escrito y a la brevedad, un informe que precise la
cantidad de alumnos inscritos en las diversas áreas de la UPAV, detalles sobre
la inscripción y titulación; así como qué asociación civil y por qué se encarga
de manejar y operar los recursos que ingresan a la Institución.
Al exponer sus consideraciones, mencionó que uno de
los reclamos más constantes y que durante años hicieron los jóvenes
veracruzanos, era la falta de oportunidades para seguir estudiando una carrera
universitaria. El cupo que ofertaba la Universidad Veracruzana era insuficiente
y muchos aspirantes se quedaban sin preparación académica.
Recordó que este problema motivó la apertura de
diversas instituciones educativas en el sector privado, inaccesibles para
muchas familias veracruzanas.
Como medida para combatir el problema, en el 2011 se
expide la Ley número 276 que creó la Universidad Autónoma Popular de Veracruz,
desapareciendo el Instituto Veracruzano de Educación Superior y ofreciendo una
opción educativa de carácter público que respondía a las necesidades
específicas de la sociedad veracruzana.
Sin embargo –refirió el legislador de Morena-, desde
su fundación, la UPAV es administrada por un patronato cuyo manejo administrativo
es necesario transparentar.
Como ejemplo, señaló que en las cuentas públicas de
la UPAV del ejercicio fiscal 2016, la Comisión de Vigilancia de la LXIV
Legislatura, determinó 17 observaciones, de las cuales, se detectaron
irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores, ex
servidores públicos y personal que administra recursos recaudados, que hacen
presumir la existencia de daño patrimonial e inconsistencias de carácter
administrativo.
Explicó que finalizada la ampliación de la auditoría
financiera de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se determinó
que existen observaciones por probable daño patrimonial equivalentes a un monto
superior a los 363 millones de pesos.
Indicó que como Presidente de la Comisión es miembro
de la Junta de Gobierno de la UPAV y sin embargo, decidió solicitar la
información desde la Tribuna del Congreso, para dejar en claro que las cosas se
van a hacer bien y que habrá transparencia en el manejo de los recursos de la
institución.
