A
nombre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables, la diputada secretaria Deisy Juan Antonio, leyó un pronunciamiento
a favor de las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) sobre la Atención hacia las personas integrantes de las poblaciones
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI),
en Centros Penitenciarios de la República Mexicana.
Expresó
que el documento de la CNDH, tiene especial relevancia debido a que pone de
manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos que sufre este grupo
poblacional en los centros penitenciarios.
“Veracruz
no es la excepción, las prácticas discriminatorias también suceden en las
cárceles de nuestro estado y es necesario difundir el contenido del
pronunciamiento a efecto de que las autoridades tomen cartas en el asunto para
erradicar estas conductas”, destacó la diputada Deisy Juan Antonio durante su
participación en tribuna.
Explicó
que la CNDH plantea la necesidad de eliminar prácticas institucionales que
generan discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género,
así como sancionar a los servidores públicos que cometen agravios en contra de
estas poblaciones, refiriendo la importancia de promover la cultura de la
legalidad y de revisar los procesos legales.
En
ese sentido, indicó que la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, integrada por las diputadas Brianda
Kristel Hernández Topete y Montserrat Ortega Ruiz, presidenta y vocal,
respectivamente, y ella misma como secretaria, coinciden con la CNDH en
promover la igualdad de trato entre las personas, sin ningún distingo.
Por
lo anterior se pronunciaron a favor de las propuestas que establecen lo
siguiente:
1.-
Sensibilizar y capacitar al personal penitenciario para impedir la violación de
los derechos de las personas pertenecientes a grupos LBGTTTI.
2.-
Establecer mecanismos accesibles para facilitar que al ingreso, las personas
puedan referir cualquier necesidad que amerite una atención especial.
3.-
Proveer a las personas, sin discriminación alguna por ninguna condición,
alojamiento, seguridad y protección de acuerdo a sus necesidades específicas.
4.-
Desarrollar e implementar políticas públicas y acciones específicas como
campañas y pláticas que fomenten la cultura de respeto de los Derechos Humanos
y el derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
5.-
Armonizar los reglamentos de los establecimientos penitenciarios con la Ley
Nacional de Ejecución Penal y estándares internacionales de Derechos Humanos.
6.-
El acceso a todas las instalaciones y servicios del centro y los programas de
tratamiento en igualdad de condiciones que el resto de la población
penitenciaria, así como a todas las actividades educativas, laborales, de
capacitación para el trabajo, deportivas y culturales.
7.-
Fortalecer los programas de visitas, promoviendo las relaciones familiares y el
contacto con el mundo exterior.
8.-
Proporcionar atención médica, tratamientos y medicamentos de acuerdo a las
necesidades específicas.
9.-
Difundir toda la normatividad que permita fortalecer la cultura de la legalidad
y de respeto de sus Derechos Humanos.
10.-
Crear e implementar un protocolo de actuación para los servidores públicos de
los centros penitenciarios, con un enfoque transversal de Derechos Humanos para que atiendan de forma integral, sin
discriminación de ningún tipo a esta población.
