Como una medida de apoyo para las personas con
discapacidad de la entidad, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez presentó la iniciativa que reformaría las
fracciones X y X del artículo 11 de la Ley para la Integración de las Personas
con Discapacidad para señalar que el Estado deberá promover la celebración de
convenios orientados a otorgar de manera gratuita medicamentos para el
tratamiento de salud de las personas con discapacidad.
La propuesta legislativa indica que el Estado deberá
promover, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, bancos
de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, y
facilitar a las personas con discapacidad de escasos recursos su gestión y
obtención de manera gratuita.
El también presidente de la Comisión Permanente de
Desarrollo Social, Humano y Regional sostuvo que de acuerdo a estadísticas del
Informe “La Discapacidad en México,
datos al 2014”, publicado por el INEGI, muestran que en México habitan
alrededor de 7.1 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 49.6
por ciento, se localizan en siete entidades federativas: Estado de México,
Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Veracruz.
Agregó que en Veracruz, con base en datos del
informe mencionado, habitan casi seiscientas mil personas con discapacidad,
representando el 7.5 por ciento del total nacional, localizando a Veracruz como
la tercera entidad con mayor población de personas con discapacidad.
El integrante del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz detalló que según datos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social, para el año 2017, el 49.4 por ciento de
las personas con discapacidad vive en situación de pobreza, de los cuales al
menos el 10 por ciento está en pobreza extrema.
Dijo que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) resalta que sólo el 25 por ciento de las personas con
discapacidad con una ocupación económica tiene contrato y sólo 27 por ciento
cuenta con prestaciones médicas.
Las personas con discapacidad tienen el derecho a
gozar del más alto nivel posible de los servicios de salud, expresó el
diputado, quien agregó que el espíritu de la presente iniciativa es que el
Estado, a través de las instituciones competentes, apoye con el otorgamiento de
las medicinas necesarias para rehabilitaciones, tratamientos o aquellas de uso
diario por su situación de discapacidad.
La
iniciativa fue turnada, para su análisis, a las Comisiones Permanentes Unidas
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y la de Salud y Asistencia.
