La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó, durante los
trabajos de la Quinta Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, la Iniciativa de Decreto que reforma diversas
disposiciones del Código Civil para el Estado, y que toma en consideración,
particularmente, el alto índice de demandas de divorcios, las sentencias que
tutelan primordialmente los derechos de las y los menores y la falta de cultura
para ponderar los convenios con relación a los bienes adquiridos durante el
matrimonio.
Esta falta de certeza jurídica, señaló Ortega Ruiz,
ha generado disputas judiciales muchas veces interminables y desgastantes. De
ahí la importancia de que se regule la pensión compensatoria en el Código Civil
del Estado, para evitar juicios prolongados, que se dicten sentencias más
ajustadas a Derecho y exista certeza legal para quien la demanda.
Asimismo, que para evitar esta discriminación y
desigualdad, es indispensable reformar nuestro Código Civil sustantivo para
efecto de que las mujeres u hombres que, en su caso, se hayan dedicado
exclusivamente a las labores del hogar y cuidado de sus familias, después de
una separación o divorcio, logren vivir en condiciones dignas.
Agregó la legisladora del PAN, en tribuna, que la
manera de retribuirle económicamente por el trabajo realizado en el tiempo que
duró su relación de matrimonio o concubinato, es a través de esta pensión compensatoria.
Conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Veracruz, destacó, la omisión
de una pensión compensatoria cae en el supuesto de violencia patrimonial, que
afecta la supervivencia de la mujer al significarle la retención de recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades.
Esta reforma, agregó la legisladora, propuesta por
el Grupo Legislativo del PAN en materia de pensión compensatoria, tiene como
base, además de las circunstancias sociales antes mencionadas, el criterio
jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió la
contradicción de tesis 20/2012, respecto del “estado de necesidad manifiesta”
de uno de los cónyuges.
Estamos obligados, reiteró la diputada Ortega Ruiz,
a promover el bienestar social y elevar el nivel de vida de las personas.
Reconocer que el derecho a los alimentos no puede ser susceptible de variación
perjudicial y que el juzgador debe equilibrar los derechos, sin vulnerar al
cónyuge que pudiera resultar más afectado debido a su condición económica o
estado de necesidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales.
Punto de Acuerdo para
garantizar derechos humanos de infantes.
En
una segunda intervención, durante la Quinta Sesión Ordinaria de la Diputación
Permanente, la diputada Montserrat Ortega Ruiz dio lectura a su Anteproyecto de
Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta a diversas autoridades a
garantizar los derechos humanos de la primera infancia.
Así, solicita al
titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Bienestar y de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se realicen las
reasignaciones presupuestarias necesarias para restituir el presupuesto que se
recortó en este ejercicio 2019, al “Programa de Estancias Infantiles para
apoyar a Madres trabajadoras”, dotándole de un monto adicional de al menos
2,029 millones de pesos al aprobado para el ejercicio fiscal 2019.
De igual forma,
al Coordinador de Programas Federales en Veracruz que informe a esta Soberanía
cuántas estancias infantiles operan en el estado, bajo el programa citado, en
cuántas de éstas se detectaron posibles actos de corrupción en su operación,
cuál ha sido la metodología para detectar estas irregularidades, y en su caso,
cuántos procedimientos administrativos se han iniciado.
Mediante el
mismo Punto de Acuerdo, se exhorta al titular del Poder
Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Bienestar, a efecto de que se
emitan, de manera inmediata, las reglas de operación para acceder a los
recursos públicos para los refugios para mujeres víctimas de violencia, para el
ejercicio 2019, que se encuentran en operación en toda la República Mexicana.
El Punto de Acuerdo se turnó a la Junta de Coordinación
Política.
