El exabogado de Javier Duarte de Ochoa, Marco Antonio del
Toro Carazo confirmó, en una carta enviada a medios de comunicación, que el
vídeo revelado anoche por el periodista Ciro Gómez Leyva es apenas una parte de
todo lo que posee su excliente contra funcionarios de la pasada administración.
Asimismo, aseguró que todo el material que lograron recabar
para demostrar en su momento la «inocencia» del exgobernador, está
bajo absoluto resguardo.
Del Toro Carazo hizo llegar, esta mañana, la misiva a medios
de información, réplica exacta de la carta que mandó al medio nacional, donde
además de confirmar que él fue quien le pidió a Duarte que grabara el vídeo,
las presiones que hiciera el gobierno federal con amenazas directas a la
familia del exmandatario, terminaron por optar el abandono del caso.
A continuación, la carta íntegra:
A los medios de comunicación:
Me permito transcribir la carta que ayer por la noche le
hice llegar al periodista Ciro Gómez Leyva y su equipo de colaboradores con
relación a las revelaciones que hiciere el ex Gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa:
“Hice público el 16 de marzo de 2018 mi decisión de dejar la
defensa del Licenciado Javier Duarte de Ochoa. Por secrecía profesional no
proporcioné detalles precisos de los motivos que me llevaron a tomar esa
decisión. Únicamente señalé que ello obedeció a razones ajenas al cliente.
Agregué que deseaba que prevaleciera el Estado de Derecho por encima de
cualquier otra circunstancia, sin que ello se viera entorpecido por otras
motivaciones o prácticas viciadas (en esas líneas se asoma, como se narra
líneas abajo, lo substancial de lo ocurrido).
Sigo sujeto a la secrecía profesional. Sin embargo, me
encuentro autorizado para confirmar categóricamente lo que Javier Duarte de
Ochoa les reveló. Es cierto que realizó una videograbación -el 15 de abril de
2017-, de manera previa a que fuera “supuestamente detenido” en Guatemala.
Confirmo también que es cierto lo que Javier Duarte les manifestó a ustedes en
el sentido de que fui yo quien le pidió hiciera dicha videograbación en
Guatemala. Lo confirmo, ya que le indiqué entonces que debía generar una prueba
fehaciente de la existencia de presiones ilegales y probablemente delictivas
-que afectaban a su familia, incluyendo sus hijos-, por parte de las
autoridades federales involucradas en aquel momento. Y es que entonces no era
posible hacerlas públicas o siquiera pensar en denunciarlas, por razones
obvias. Hoy no me corresponde hacerlo.
Javier Duarte no fue detenido. La verdad es que tuvo que
sucumbir ante extraordinarias presiones para que se redujeran las ilegales
presiones a su familia. Ello, a fin de satisfacer exigencias, que de no
“aceptarse”, hubieren entonces acarreado consecuencias que ningún padre de
familia podría conocer y no sacrificarse para evitarlas. A partir de ese
momento decidió defenderse ante las autoridades judiciales -en lo que coincidí
ya que era evidente la fragilidad de las imputaciones-, sin en ese momento
contar que surgirían más dificultades a propósito de nuevas presiones de
funcionarios gubernamentales y otros, que se imprimieron en su contra.
De hecho, ese video no es el único medio de prueba que
acredita las ilegales presiones -que como dije ocurrieron antes y también
después de que se llevara a cabo la pseudo detención en Guatemala-. Existe
evidencia documental e informática -por llamarle de algún modo-, que así lo
acredita, la que por ahora se encuentra sujeta al secreto profesional y que
está debidamente resguardada.
Y es que incluso mi salida de su defensa también obedeció a
presiones ilegales que resintió Javier Duarte de Ochoa. Se le exigió mi salida
en tanto la defensa técnica planteada no cabía en el plan que se orquestó en su
contra para incriminarlo, haciendo de él un chivo expiatorio y enemigo público
en el ámbito mediático. Esto es, la actitud de mantener siempre una posición
jurídica y litigiosa que asumí en defensa de mi entonces representado frente a
los altos funcionarios en las diversas reuniones -con interlocutores de
Gobierno y otros-, “no les “gustaba”; así como la defensa material planteada
(incluyendo aquella relativa a que las pruebas en su contra se recabaron de
manera ilícita), les resultó sumamente “incómoda”.
Fue así que decidí dejar el caso, ya que las presiones que
enfrentó Javier Duarte y su familia eran de tal magnitud, que seguir actuando
como defensor les hubiera acarreado consecuencias indudablemente graves e
injustas. En ese momento fue sin asomo de duda la mejor decisión. Fue por ello
que de común acuerdo abandoné esa defensa jurídica, sucediéndome el colega
Ricardo Sánchez Reyes Retana, de probada capacidad profesional y que en algún
momento tuve directo conocimiento de un gesto que tuvo que denota además, su
calidad humana.
A partir de mi salida, no he intervenido en ningún asunto de
Javier Duarte en México (sea federal o local en Veracruz). Por tanto, no podría
naturalmente abordar aspectos que hayan acaecido en forma posterior. Desconozco
los planteamientos técnicos y el detalle del desarrollo mismo del caso.
Dentro de los límites éticos de la profesión, es sólo esto
lo que puedo confirmar, cerrando en definitiva así mi intervención, con la
anuencia de mi entonces cliente. Todo lo antes expuesto tiene sustento en los
artículos 16, 17, 18 y 22 de los Principios Básicos Sobre la Función de
Abogados, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas el 7 de
septiembre de 1990 -siendo México parte-, así como 1, 2, 10, 11 y 31 del Código
de Ética de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.”
