La sombra del fraude se cierne sobre «Jóvenes
Construyendo el Futuro», uno de los programas estrella del Presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, según revela un estudio publicado este
martes que destapa varias irregularidades.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI) presentó un informe en el que reportó incongruencias
económicas y en los registros de becados, tanto de los centros de trabajo como
de los jóvenes inscritos al programa.
Con un presupuesto contemplado de unos 40 mil millones de
pesos a nivel nacional para este año, se calcula que a final de año, se habrá
gastado solamente un total de 24 mil 358 millones de pesos.
Esto deja un subejercicio de 15 mil 641 millones de pesos
para este año, un 39 % del total presupuestado.
La organización, que basa sus afirmaciones en información de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se cuestiona a dónde irá a
parar ese dinero sobrante.
Otra de las inconsistencias es que el padrón de becarios y
centros de trabajo presenta estadísticas improbables.
El crecimiento en los registros es continuo pero sin apenas
variaciones. Es decir, que prácticamente se registra la misma proporción de
hombres y mujeres, de niveles educativos y de edades a diario.
«Es un crecimiento absolutamente lineal, nunca baja, ni
en Semana Santa, ni en días festivos, todos los días sube el padrón, eso es
estadísticamente improbable», apuntó la presidenta ejecutiva de MCCI,
María Amparo Casar.
Según el estudio, basado únicamente en cifras oficiales, al
programa se han registrado un total de 900 mil becarios -que perciben tres mil
600 pesos mensuales- y 157 mil 070 centros de trabajo.
Por otro lado, la información pública disponible de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) es poco precisa a la hora de
identificar a los centros de trabajo que brindan oportunidades a los jóvenes.
Algunos de los empleadores están identificados de forma
vaga. Por ejemplo: «María Cristina» -sin aportar el apellido ni más
datos-, «Abarrotes Alex», o simplemente «diputado federal».
A juicio de Casas, «la información que ofrece la
Secretaría de Trabajo es poco transparente y así no puede haber rendición de
cuentas ni tampoco evaluación del programa».
Al observar esto, la organización realizó una auditoría
propia al programa en Ciudad de México, la cual alberga cerda de un 4.7 % de
los becarios a nivel nacional, con un total de 42 mil159.
Sorprenden las inconsistencias sobre los seis mil 449
centros de trabajo adscritos al programa, de los cuales MCCI revisó cinco mil
439.
De esos centros, no se logró obtener ningún tipo de
información de dos mil 881.
«No decimos que no existan, decimos que no pudimos
encontrarlos», puntualizó Casas.
Asimismo, se descartaron también 843 casos registrados como
personas físicas también por imposibilidad a la hora de localizarlos,
identificados con nombres como «Candy, Jorge o Arturo», sin ningún
dato más.
En 646 casos se logró identificar una dirección o teléfono
pero al desplazarse al lugar no se encontró el establecimiento.
La organización puso de ejemplo algunos casos como el
identificado en el padrón como «Refaccionaria Gasca», donde, en lugar
de un taller de mantenimiento automotriz, se encontró un terreno baldío.
En 140 casos se logró contactar al centro de trabajo
registrado en el padrón, pero al hacer la visita el responsable afirmó no
haberse inscrito al programa.
MCCI reportó también que 166 empresas no quisieron ofrecer
información al respecto y 214 aseguraron no haber recibido ningún becario
todavía como parte del programa.
Por último, indicó que 136 empresas encontradas dijeron
haber tenido becarios en el pasado, pero ya no.
La investigación en Ciudad de México arrojó finalmente que
solo 413 empresas contaban con becarios del programa.
Finalmente, la organización resaltó que en los centros que
sí pudieron visitar detectaron problemas como la falta de pago, despido de
empleados y sustitución por becarios, ausentismo, discordancia entre becarios
registrados y becarios capacitándose, así como retención de parte de la beca.
El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo
Bohórquez, expuso que los resultados del estudio evidencian que «un
programa que no tiene normas de operación bien diseñadas seguramente va a
presentar muchos problemas».
«Si los programas grandes están así, si los visibles
están así, imagínense cómo están el resto de los programas», concluyó.
