Con el apoyo del PRD, Movimiento Ciudadano y el extinto
partido Encuentro Social, Morena aprobó dar un plazo de 90 días al órgano de
Fiscalización Superior para presentar un nuevo Informe de Resultados de la
Cuenta Pública 2018, violentando la Constitución que establece la obligación de
aprobarla el informe el último día del mes de octubre.
En la sesión extraordinaria, en la que no se presentaron
seis diputados locales cuatro de ellos del PRI-Verde y dos panistas, con 31
votos a favor se determinó que no se aprobaba el dictamen del Informe de
Resultados de la Cuenta Pública, con lo que se echó abajo todo lo que hizo el
ex Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla, por espacio de nueve meses.
El argumento de Morena, en voz del presidente de la Comisión
de Vigilancia, Eric Domínguez Vázquez, fue que se busca transparentar y dar
certeza a la revisión financiera que hicieron despachos contables contratados
por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Por algunas quejas de representantes de entes fiscalizables
era necesario llevar a cabo una revisión más confiables, planteó desde la
máxima tribuna al justificar el sentido del dictamen del grupo de trabajo.
“Fue difícil tomar una decisión de la que no se tenga
precedente en el estado, pero después del intercambio de idea y opiniones hubo
consenso alcanzando mayoría en la formulación del dictamen”.
El partido Acción Nacional reprochó que Morena solo busca
crear conflicto y una cortina de humo, que lejos de defender la transparencia,
solo les permite coronarse como dictadores, violentado procedimientos legales.
El diputado local Rodrigo García Escalante, consideró que
existe un interés ajeno a algo público, “porque quieren que el Orfis, con nueva
titular, revise lo que ya entregaron los entes a los pliegos de observaciones,
por si no lo entendieron, es volver a empezar”, ironizó.
El Orfis hizo un trabajo deficiente, pero no es legal que la
mayoría del Congreso le quiete valor a las conclusiones, porque hacerlo es
arbitrario que deja en estado de indefensión a todos los entes fiscalizables
“La ignorancia es felicidad, la cuenta pública es dinero, y
si hablamos que hay inconsistencias e irregularidades (…) presenten denuncias,
porque no están siendo congruentes sus dichos y sus acciones, solo se quiere
violentar el proceso de fiscalización, pagando justos por pecadores”.
La fiscalización implica gastos, repetir el proceso tiene un
costo y la medida suena a que se quiere encontrar algo o engrosar daños
patrimoniales, “la incompetencia los lleva a la improvisación, la falta de
capacitad del gobierno y de los diputados que en su mayoría violan la ley, con
el argumento que son los únicos que representan al pueblo”
Durante el debate el diputado Bingen Rementería Molina retó
al diputado Magdaleno Rosales a mostrar pruebas del supuesto cobro de moches a
los alcaldes.
La Morenista Mónica Robles Barajas, reprochó a los panista,
que en el discurso mencionaron que fue deficiente el trabajo del Orfis, que se
niegan a hacer una nueva revisión, pues eso solo genera sospechas que están
defendiendo un interés, que no es de los ciudadanos.
“Vimos expedientes hechizos, todos con la misma fecha y la
misma firma, que no nos vengan a decir que estamos violentando las
instituciones, al contrario, lo que estamos haciendo es fortalecer a las
instituciones y cumplir con el compromiso de no traicionar al pueblo”.
El panista Bingen Rementería Molina, exhibió la
incongruencia de la diputada Mónica Robles, que días antes firmó y validó la
solventación de entes públicos de un primer dictamen que se estaba integrando,
para aprobar la cuenta pública, y que de último momento se cambió.
